Crisis de legitimidad y banalización de los derechos humanos en el discurso político peruano

El Ejecutivo ha manifestado su intención de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impulsar un proyecto de “Ley de Soberanía Nacional”, luego de las críticas formuladas por dicho organismo internacional respecto a la ley recientemente aprobada. Sin embargo, no ha sido el único en cuestionarla: desde la ciudadanía en general, juristas, e incluso instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial —actores especializados en la materia— se han expresado rechazo y preocupación frente a esta posición del Estado, adoptada sin un análisis profundo ni un debate público sobre las ventajas y consecuencias de una decisión de tal magnitud.

Esta intención no surge de la nada. El mismo gobierno ya había insinuado en años anteriores la posibilidad de abandonar la Corte, y en gobiernos pasados también se deslizaron ideas similares cuando se emitieron resoluciones consideradas poco favorables para el Estado o para el régimen de turno. Además, el fenómeno trasciende las fronteras peruanas. El Informe Anual 2024 de la CIDH (2025) alerta que América Latina atraviesa uno de los periodos de mayor retroceso en materia de derechos humanos, con un marcado debilitamiento de la independencia judicial y una creciente polarización social.

De ahí que la discusión sobre la eficacia de la Corte cobre mayor relevancia en el contexto actual, caracterizado por flagrantes vulneraciones a los derechos humanos promovidas por Estados influyentes como Estados Unidos (con sus políticas antimigrantes), Israel (con la devastación sobre Palestina) o Rusia y Ucrania en el marco de la guerra.

En este escenario internacional, el caso peruano adquiere matices particulares. El gobierno ha utilizado el problema de la inseguridad ciudadana para justificar su ineficacia en garantizar orden y seguridad, señalando que las restricciones derivadas de la protección de los derechos humanos amparan también a los delincuentes. Esta narrativa ha servido de base para plantear una supuesta necesidad de abandonar la Corte, citando como ejemplo la política de “mano dura” de El Salvador. Sin embargo, se omite reconocer que dicho país se ha transformado en un régimen autocrático en el que el poder absoluto se concentra en la presidencia, sin equilibrio de poderes y en un contexto político, social y geográfico muy distinto al peruano.

Lo preocupante es que esta posición no se limita a la Corte, sino que forma parte de un discurso general en contra de los derechos humanos. No es casualidad que se recuerden las declaraciones del ministro Morgan Quero, quien en respuesta a una pregunta sobre las más de 50 muertes registradas durante las protestas de 2022-2023 afirmó que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”. Este no es un hecho aislado, sino un reflejo de una narrativa sostenida en la que se invisibilizan a las víctimas, se evita asumir responsabilidad por el uso desproporcionado de la fuerza, se estigmatizan las manifestaciones sociales y se promueven restricciones a las libertades ciudadanas.

En consecuencia, los derechos humanos han sido banalizados en el discurso oficial. En lugar de fortalecerlos, se los invoca de manera contradictoria y selectiva, estableciendo distinciones entre ciudadanos. Para la opinión pública, el problema radica en la abstracción y amplitud de su concepto, lo que en la práctica se vuelve un obstáculo para su cumplimiento. Sin embargo, más que hablar de su decadencia, conviene advertir que lo que se presenta como un “decaimiento” es en realidad el resultado del interés de determinados gobiernos en perpetuar dinámicas autoritarias a costa de restringir derechos y libertades.

Este fenómeno no es exclusivo del Perú. Como sostienen Kresalja y Ochoa, los gobiernos contrarios a los derechos humanos no responden a una sola tendencia política, sino que coinciden en los extremos. Desde la izquierda radical se busca imponer un Estado dictatorial que niegue cualquier reivindicación ciudadana, pues, siguiendo la visión de Marx, los llamados “derechos del hombre” serían en realidad derechos de la burguesía, destinados a proteger privilegios y consolidar un orden económico inmutable. Desde la derecha, en cambio, se observan expresiones de fascismo o regímenes autoritarios tercermundistas que apelan al principio de autodeterminación de los pueblos para justificar violaciones masivas de derechos, bajo la idea de que estos no derivan de la condición universal de la persona, sino de su pertenencia a una comunidad nacional (Kresalja & Ochoa, 2009).

En el caso peruano, esta lógica se traduce en la acusación de que las reivindicaciones de los derechos humanos reflejan un supuesto desinterés por la supervivencia del propio pueblo, y en la descalificación de los organismos internacionales por intervenir en la soberanía nacional. Con ello, el Gobierno se presenta como una entidad incuestionable a la que la ciudadanía debe someterse.

En definitiva, el discurso y las acciones del Ejecutivo evidencian una clara tendencia antidemocrática y contraria a los derechos humanos. Conviene recordar que estos no son meras reglas jurídicas ni concesiones estatales, sino —como sostiene Savater— “el derecho a ser hombre”, un estatuto consciente y voluntario en el que los individuos se reconocen mutuamente como iguales. Por tanto, los derechos humanos constituyen una aspiración política universal que requiere compromiso ético, axiológico y ciudadano para su vigencia real.

Referencias bibliográficas

CIDH. (8 de mayo de 2025). Informe anual CIDH destaca tendencias regionales en derechos humanos y acciones para fortalecer la justicia interamericana. Obtenido de www.oas.org:

https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/092.asp

Kesalja, B., & Ochoa, C. (2009). Derecho Constitucional Económico. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.