El Adultocentrismo y la Instrumentalización del Derecho contra la Juventud

"Cuando el decoro y la ley se convierten en herramientas de represión, la única dignidad que les queda a los hombres libres es su derecho a alzar la voz frente a la tiranía". Esta sentencia de Abbie Hoffman, pronunciada en la atmósfera asfixiante de una persecución política judicializada, condensa la tensión dialéctica que hoy fractura la relación entre el Estado peruano y las nuevas generaciones. Desde la óptica del Derecho Constitucional y la Sociología Jurídica, asistimos a una preocupante subversión del espíritu de la autonomía universitaria por la vía del legalismo autoritario. El derecho, cuya esencia ontológica radica en la protección de las libertades y el fomento del pacto social, está siendo transmutado en una mordaza técnica destinada a neutralizar el ímpetu transformador de la juventud bajo una fachada de legalidad formal que encubre asimetrías de poder insostenibles.

1. El Hecho Coyuntural: La Universidad bajo el Asedio de la Norma Inconsulta

La actual crisis del sistema universitario en el Perú no constituye un incidente aislado de efervescencia estudiantil, sino una patología sistémica que evidencia la erosión del Estado Social de Derecho. Observamos una desconexión institucional donde la gestión académica ha desplazado el diálogo democrático por la imposición de normativas que actúan como mecanismos de consolidación de poder y lucro. La toma pacífica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en mayo de 2026 es el síntoma de este rechazo a la instrumentalización normativa. El centro del conflicto es el Proyecto de Ley N.° 12736, o "Ley Jerí", una iniciativa que busca facultar la reelección inmediata de rectores, permitiendo la perpetuación de redes clientelares en detrimento de la alternancia democrática [1, 2].

Esta deriva autoritaria se complementa con dispositivos de exclusión técnica, como la imposición de una valla electoral del 20% para las minorías estudiantiles en el Consejo Universitario, una medida diseñada para silenciar el disenso interno [2]. En paralelo, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) enfrenta movilizaciones contra la implementación de un nuevo modelo de ocho escalas de pensiones para el año 2027, percibido como una lógica mercantilista impuesta sin consenso real [3]. Ante estas demandas de transparencia y equidad, la respuesta de las autoridades ha sido la criminalización punitiva. La rectora Jerí Ramón, al calificar la protesta como un "acto delincuencial", no solo despoja al conflicto de su naturaleza política, sino que destruye su propia legitimidad ética al judicializar lo que es, en esencia, una defensa de la calidad educativa y la democracia interna [2]. Esta narrativa punitiva es el preludio de un patrón histórico donde la ley es el pretexto para la violencia.

2. Espejos de la Historia: De la Farsa de Chicago a la Sangre en Ayacucho

La memoria histórica revela que el "orden" legal ha funcionado, con trágica recurrencia, como el verdugo de la justicia social. La instrumentalización del derecho para criminalizar a la juventud no es una innovación; es una tecnología de poder que emerge cuando la legalidad formal se divorcia de la legitimidad. El análisis comparativo entre la Anti-Riot Act de 1968 en Chicago y el Decreto Supremo 006 de 1969 en el Perú expone paralelismos inquietantes en el uso de la fuerza amparada por la norma.

En Chicago, el sistema judicial manipuló una ley inédita para procesar a líderes pacifistas y estudiantiles en un juicio que devino en farsa, amparando lo que informes oficiales denominaron un "disturbio policial" (police riot): una violencia indiscriminada contra ciudadanos desarmados [4]. Similarmente, en el Perú de 1969, el gobierno de Velasco Alvarado promulgó el DS-006, eliminando la gratuidad de la enseñanza para estudiantes con asignaturas desaprobadas, transformando un derecho fundamental en un privilegio económico [5]. La respuesta estatal en Ayacucho y Huanta no fue el diálogo, sino el despliegue de los "Sinchis" para reprimir a sangre y fuego a estudiantes y campesinos. El saldo oficial de catorce muertos y las detenciones masivas bajo estado de sitio demuestran que, cuando la ley se convierte en arma, el Estado prioriza el silencio de los cementerios sobre la rectificación de sus normas abusivas [5]. Hoy, como ayer, la narrativa oficial busca reducir el clamor por justicia a la categoría de "agitación extremista".

3. El Peligro de la Narrativa Populista y el Estigma del "Adultocentrismo"

El lenguaje político contemporáneo recurre al "adultocentrismo" como un régimen de saber y poder para despojar de racionalidad al disenso juvenil. Este sesgo invalida el diálogo democrático al atribuir a los jóvenes déficits de madurez o asumiendo que son sujetos "manipulados", negando su validez como actores presentes y lúcidos [1, 6]. Sin embargo, la realidad sociológica desmiente este prejuicio: el Perú atraviesa un "bono demográfico" con más de 8,7 millones de ciudadanos entre 15 y 29 años, una masa crítica que exige con pragmatismo resultados en educación y empleo [1].

A diferencia de las generaciones de antaño, la juventud actual se ha liberado de dogmas ideológicos dogmáticos. Son altamente pragmáticos, organizados de forma autónoma y espontánea mediante redes sociales para denunciar las frivolidades de una clase política desconectada de sus necesidades de supervivencia [1, 2]. Al ignorar esta agenda y responder con la sordera institucional o la represión, el Estado empuja a esta población hacia una "anarquía improductiva" o posturas antisistema. La estabilidad democrática no puede sostenerse si el 25% de la población nacional es percibida como una amenaza a controlar en lugar de un motor de desarrollo. La criminalización de la protesta universitaria es, en última instancia, el fracaso del Estado en traducir el clamor social en políticas públicas concretas.

4. Conclusión: Hacia una Democracia de Co-Autores

La estabilidad de una nación no se garantiza con el silencio impuesto por el miedo, sino con la integración del conflicto en la arquitectura democrática. Para superar la crisis de legitimidad, es imperativo desterrar la práctica de instrumentalizar la norma para blindar realidades asimétricas y reconocer a los jóvenes como "co-autores del relato nacional" [1].

El veredicto jurídico es categórico: una ley que protege la perpetuación de élites o que condiciona derechos fundamentales al lucro carece de legitimidad ética y social. La solución no radica en el despliegue policial ni en la estigmatización de las "tomas", sino en la apertura de espacios horizontales de participación y la incorporación de las demandas juveniles —salud, educación de calidad y empleo digno— en la agenda pública inmediata. La ley debe ser recuperada como el escudo del progreso de las mayorías y el motor de la equidad; de lo contrario, seguirá siendo vista por 8,7 millones de peruanos como la mordaza de un sistema que prefiere sacrificar el futuro antes que reformar su presente.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Quispe Pérez Á. Juventudes. Políticas públicas, participación y contracultura. Lima: Fondo de Cultura Económica del Perú; 2024.

2. La República. Alumnos de la UNMSM anuncian toma pacífica de la universidad en protesta contra la 'Ley Jerí' que permitiría la reelección de rectores. Lima: 14 de mayo de 2026.

3. El Comercio. Protestas en la PUCP: alumnos entran a la fuerza a Rectorado en protesta por nuevo sistema de pensiones. Lima: 2026.

4. Kalven Jr H. Confrontation Comes to the Courtroom. Human Rights. 1971;1(1):10-23.

5. Degregori CI. El surgimiento de Sendero Luminoso: Ayacucho 1969-1979. Del movimiento por la gratuidad de la enseñanza al inicio de la lucha armada. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP); 1990.

6. Vásquez JD. Adultocentrismo y juventud: Aproximaciones foucaulteanas. Sophia: Colección de Filosofía de la Educación. 2013;(15):218-234.