Mercantilismo Legislativo: Economías Ilegales y Elecciones Presidenciales Perú 2026

Las últimas semanas nos han sometido a la desafortunada necesidad de presenciar los debates electorales de 2026. En ellos, los candidatos hicieron gala de personalidades desabridas y una alarmante falta de preparación. Lo que vimos fue una verborrea sin sentido, producto de lecturas torpes y una ausencia absoluta de coherencia; en suma, una serie de situaciones que preferiríamos olvidar, pero que hoy resultan determinantes para el futuro del país.

Dentro de este vasto ecosistema de postulantes a la presidencia, abundan los desconocidos y los megalómanos, individuos sobre los cuales no logramos descifrar cuál es el mérito real para tentar el cargo más importante del aparato estatal. Sin embargo, más allá de la crítica a la forma, subyace un fondo alarmante: la evidente relación de muchos candidatos y sus agrupaciones políticas con las economías ilegales (1).

Esta vinculación no solo se manifiesta en el discurso, sino que se traduce en actos concretos. Muchos partidos han incluido en sus listas al Senado y a la Cámara de Diputados a personajes que han legislado activamente a favor de intereses particulares bajo un disfraz de legalidad. Por el contrario, existe una preocupante omisión: un alto porcentaje de partidos no ha presentado candidatos al Congreso en regiones históricamente asoladas por economías ilegales (2). Esta ausencia de representación estratégica deja a las poblaciones vulnerables a merced de intereses externos, sin una voz que proteja sus intereses frente al avance de la criminalidad organizada.

El Espejismo Ideológico: Ni Neoliberalismo ni Justicia Social

La relación entre los partidos y estas economías es paradójica y constituye un callejón sin salida para el electorado. Por un lado, diversas agrupaciones que se autodenominan de "derecha" enarbolan banderas de libertad económica cuando, en la práctica, ejercen un mercantilismo estatal recalcitrante. Es el caso de Renovación Popular; un análisis de su plan de gobierno y narrativa política revela una tendencia nacional-conservadora más que liberal. Sin embargo, definir estas posturas es una tarea compleja, pues carecen de una base ideológica sólida y suelen adoptar decisiones pragmáticas que contradicen sus propias etiquetas.

Lo mismo sucede con Fuerza Popular. El partido se proclama defensor del "modelo liberal" y utiliza la Constitución de 1993 como un estandarte de prosperidad, vendiéndola como un "milagro económico" fruto de la convicción fujimorista. No obstante, la realidad histórica es más técnica que mística: los cambios estructurales de los años noventa no fueron una invención local, sino una respuesta a exigencias globales dictadas por el Consenso de Washington de 1989 (3).

Bajo la tutela del FMI, el Banco Mundial y el BID, se impulsó una liberalización financiera, comercial y laboral que, si bien permitió la privatización de empresas estatales, también trajo consigo una desprotección sistemática de la vida, los recursos naturales y los derechos de las personas. Como señala el historiador José Honorio Martínez, la aplicación de estas recetas en el régimen fujimorista priorizó la acumulación de capital sobre la protección de la población, dejando una herida abierta en la institucionalidad que hoy, en pleno 2026, las economías ilegales se encargan de profundizar (3).

Sin embargo, más allá de los consabidos abusos a los derechos ciudadanos y la comisión de delitos contra el Estado —que muchos deciden obviar bajo la premisa de que "el factor económico lo justifica todo"—, la realidad técnica es distinta. El partido que ha protagonizado la agenda legislativa del último quinquenio no ha seguido, en absoluto, los estándares del neoloberalismo. Mientras sectores de izquierda, por desconocimiento o desinterés, tildan de "neoliberal" a cualquier postura que no les sea afín, lo cierto es que la actual praxis política se ha alejado de cualquier línea de pensamiento coherente.

La aprobación de las denominadas "leyes procrimen", que debilitan la lucha contra las organizaciones criminales, es el ejemplo más flagrante (4). Estas normas se alejan del respeto a las libertades individuales y de la protección básica de la economía del ciudadano. A esto se suma el impulso de leyes que limitan los procesos por delitos de lesa humanidad (5), evidenciando que, para el fujimorismo y sus aliados, el Estado de derecho es una herramienta maleable y no un principio.

Para un neoliberal real, la seguridad y la justicia no son "gastos" o "estorbos" ideológicos; son la infraestructura básica para que el mercado funcione. Si no hay seguridad, no hay propiedad; y si no hay propiedad, no hay mercado. El núcleo del liberalismo es la certeza de que lo que es tuyo, es tuyo. Un Estado neoliberal busca ser un árbitro implacable, no un cómplice silencioso que desmantela el sistema de justicia para favorecer intereses particulares.

La Izquierda: Lucro con la Indignación

Los partidos de izquierda no escapan a este razonamiento mercantilista. En sus extremos, guardan más similitudes con sus supuestos contrarios de las que se atreven a admitir. Agrupaciones como Venceremos o Juntos por el Perú han mostrado planes que, bajo un discurso de reivindicación, abren peligrosamente las puertas a economías como la minería ilegal (6).

Es una paradoja cruel: pretenden ocultar la podredumbre institucional lucrando con la necesidad de justicia de los ciudadanos del sur, quienes han sufrido atropellos sistemáticos a sus derechos, especialmente durante la gestión de Dina Boluarte y Perú Libre (7). El desdén del peruano hacia la política es, por tanto, una respuesta racional ante un sistema donde no existen buenas intenciones, sino cuotas de poder. El resultado de esta influencia de las economías ilegales en el corazón del Estado ha sido un debilitamiento alarmante de nuestra democracia, dejándonos en la antesala de un autoritarismo ineficiente (8).

De la Economía de Mercado al Capitalismo de Amigotes

No basta con lo que el papel describe o lo que la propaganda electoral promete. Los hechos nos muestran que la economía peruana, más que "neoliberal", se asemeja hoy a un orden espontáneo anarcocapitalista que no resulta seductor para quienes lo padecen.

"A juzgar por la informalidad reinante... lo que tenemos es una mentalidad que, incluso desde el sector privado, ve al Estado como un botín." (9)

Lo que enfrentamos es la consolidación de un mercantilismo legislativo: un sistema donde el objetivo de la política pública es garantizar rentas sin competir por ellas, privilegiando el interés del productor ilegal o el "amigo" político sobre el interés del consumidor y el ciudadano. En el papel, el Perú es una economía promercado; en la práctica, somos un capitalismo de amigotes donde las leyes se redactan a medida de la informalidad y el crimen organizado.

La Captura del Estado: Del Bien Común al Privilegio Mercantilista

Este escenario revela una verdad incómoda: nuestros gobernantes han demostrado una carencia absoluta de principios ideológicos, sustituyéndolos por intereses económicos inmediatos que ponen las leyes al mejor postor. El mercantilismo imperante genera una concentración de riqueza en manos de quienes acceden a privilegios mediante la corrupción, sin importar si el discurso es de "izquierda" o de "derecha".

En la práctica, lo que vivimos no es una Economía Social de Mercado. En un modelo auténtico, los recursos se asignan por capacidades; en el Perú de 2026, se asignan según el grado de conexión con el funcionario de turno (10). Esta dinámica condena a la población a sufrir los pasivos ambientales y económicos de actividades promovidas desde el Estado, mientras el Ejecutivo hace oídos sordos y el Congreso legisla activamente para blindar economías grises.

La Deuda Constitucional: El Estado como Promotor del Desarrollo

Es imperativo recordar que el régimen económico establecido en la Constitución de 1993, si bien reconoce el derecho al bienestar de forma progresiva, no justifica la indiferencia estatal. El Estado tiene el deber ineludible de respetar la vida, la libertad y la integridad.

Siguiendo la lógica de la Constitución italiana de 1947 —un referente del constitucionalismo social—, el Estado debe remover los obstáculos de orden económico y social que limitan la libertad y la igualdad (11). No se trata solo de no estorbar al mercado, sino de promover las condiciones para que el desarrollo humano sea efectivo. Como sostiene Predieri, la democracia es una "meta que se mueve", y en el Perú actual, esa meta parece alejarse debido a un debilitamiento institucional que no es casual, sino una actitud decidida por quienes ven en la precariedad su mayor beneficio.

Primacía de la Ética sobre el Capital

Finalmente, debemos recuperar la noción fundamental de que la economía y el Estado existen en función del hombre. Las instituciones no deben ser solo expresiones de poder, sino respuestas a la dignidad humana. Esto implica reconocer la primacía de la política sobre la economía, entendiendo que esta última debe servir a objetivos ético-políticos superiores.

Desde la Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith hasta Amartya Sen, la ética es el eje que permite que el desarrollo sea sinónimo de libertad (12). Frente a la desregulación descontrolada, es preciso transitar hacia una economía global de mercado vinculada a objetivos humanos y sociales. Un ordenamiento que, sin caer en la planificación centralizada, integre la competencia con normas racionales que protejan el medio ambiente y la integridad social.

"La primacía corresponde a la intangible dignidad del hombre, que ha de garantizarse en todos sus derechos y deberes fundamentales." (12)

De cara a las elecciones de 2026, mirar hacia adelante exige buscar leyes éticas que permitan un desarrollo real. La responsabilidad del electorado trasciende la elección de un presidente; radica en elegir legisladores capaces de romper el ciclo del mercantilismo legislativo para devolverle al Estado su propósito original: el servicio al ciudadano y no al postor más generoso.

Bibliografía

1. Instituto de Contribución al Valor Estratégico (ICVE). Economías ilegales y Elecciones en el Perú. Lima: Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP); 2026. Disponible en: https://www.confiep.org.pe/wp-content/uploads/2026/01/Economias-ilegales-y-Elecciones-en-el-Peru-ICVE.pdf

2. Redacción Ojo Público. El 41% de los partidos políticos no presentaron candidatos al Congreso en todas las regiones del país. Ojo Público [Internet]. 2026 [citado 2 abr 2026]. Disponible en: https://ojo-publico.com/6132/el-41-partidos-sin-candidatos-al-congreso-todas-las-regiones

3. Martínez JH. Neoliberalismo y genocidio en el régimen fujimorista. Historia Actual Online [Internet]. 2009 [citado 2 abr 2026];(19):65-75. Disponible en: https://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/312

4. Páez Á. El 28% de candidatos presidenciales proponen derogar leyes procrimen. Ojo Público [Internet]. 2026 [citado 2 abr 2026]. Disponible en: https://ojo-publico.com/politica/elecciones-2026/el-28-candidatos-presidenciales-proponen-derogar-leyes-procrimen

5. EFE. El fujimorismo impulsa ley que limita los procesos por delitos de lesa humanidad en Perú. Swissinfo [Internet]. 2024 [citado 2 abr 2026]. Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/el-fujimorismo-impulsa-ley-que-limita-los-procesos-por-delitos-de-lesa-humanidad-en-per%C3%BA/79928236

6. Investigación P21. Los planes de los partidos que abren la puerta a la minería ilegal. Perú21 [Internet]. 2025 [citado 2 abr 2026]. Disponible en: https://peru21.pe/investigacion/los-planes-de-los-partidos-que-abren-la-puerta-la-mineria-ilegal/

7. Amnistía Internacional. Perú: Muertes y lesiones en protestas, la cadena de mando y responsables penales. [Internet]. Londres: Amnesty International; 2024 [citado 2 abr 2026]. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/07/peru-muertes-lesiones-protestas-presidenta-cadena-mando-responsables-penales/

8. Turkewitz J. Perú: ¿Democracia o dictadura? El alarmante debilitamiento institucional. The New York Times [Internet]. 2025 oct 27 [citado 2 abr 2026]. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2025/10/27/espanol/opinion/peru-presidentes-democracia-dictadura.html

9. Editorial. Economía peruana: privatización y mercantilismo. El Comercio [Internet]. 2024 [citado 2 abr 2026]. Disponible en: https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/economia-peruana-privatizacion-y-mercantilismo-noticia/

10. Parodi C. ¿Liberalismo o mercantilismo en el Perú? Perú21 [Internet]. 2024 [citado 2 abr 2026]. Disponible en: https://peru21.pe/opinion/liberalismo-o-mercantilismo-en-el-peru-carlos-parodi/

11. Constitución de la República Italiana. Artículos 3 y 4. Roma: Asamblea Constituyente; 1947.

12. Küng H. Una ética mundial para la economía y la política. Madrid: Editorial Trotta; 1999. p. 223-225.